Mostrando entradas con la etiqueta Estado de Derecho. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Estado de Derecho. Mostrar todas las entradas

lunes, 14 de junio de 2010

Docencia Gamberra

El pasado jueves 10 de junio, Ixtli Martínez, corresponsal en Oaxaca del noticiero radiofónico MVS (cuya primera edición conduce Carmen Aristegui) fue agredida con un arma de fuego al cubrir un enfrentamiento estudiantil en la escuela de derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), misma que había permanecido ocupada a lo largo de tres semanas por un conjunto de estudiantes que exigía una revisión del plan de estudios. El día apuntado, otro grupo, aparentemente armado, intentó recuperar las instalaciones por la fuerza. Pese a que a la hora en que llegaron los reporteros de MVS al lugar de los hechos el choque entre ambos bandos había pasado su punto más álgido, Martínez se encontró cara a cara con un rufián que, a punto de disparar, se arrepintió de matarla cuando sus miradas se cruzaron. El sujeto bajó entonces el arma, apuntó a la pierna, y la hirió de gravedad en el fémur. El nombre del agresor es Salvador Hernández Bustamente (alias «El Taquero»), quien ya ha sido detenido e identificado como profesor de la aludida escuela de derecho.

Con la que está cayendo en el mundo entero, este suceso parece un mero entremés anecdótico digno de comentarse en la sobremesa y olvidarse después (con la evidente excepción de Ixtli Martínez y sus allegados, que sin duda recordarán aquella mañana durante el resto de sus días). Sin embargo, el hecho de que un profesor universitario (los periódicos mexicanos, en su habitual ignorancia del funcionamiento de la meritocracia docente, le llaman catedrático) se desenvuelva como un porro (o macarra, diríamos en España) empistolado en el campus donde desempeña sus funciones revela en forma particularmente preocupante la descomposición del tejido social en México.

El problema de seguridad ciudadana en México atañe a la articulación entre el poder y el Derecho. El poder, según le definió Thomas Hobbes, consiste en los medios presentes que posee una persona para obtener algún bien manifiesto futuro. A raíz de este carácter abierto hacia el porvenir, el poder es «creciente a medida que avanza; o como el movimiento de los cuerpos pesados, que cuanto más progresan tanto más rápidamente lo hacen» (Leviathan, Parte I, Capítulo X). No debe extrañarnos entonces que en el estado de naturaleza hobbesiano, ante la ausencia de un Derecho que imponga límites a los poderes de toda índole, prive una situación de guerra perpetua. Bellum omnium contra omnes, así describe Hobbes al estado de naturaleza, pre-político y pre-jurídico: no sólo una guerra, sino una guerra de todos contra todos (De Cive, Prefacio). Y no le falta razón. A diferencia de los poderes jurídicos constitucionalmente regulados, los poderes antijurídicos y extrajurídicos siempre han sido y serán tendencialmente absolutos.

El modelo de Estado de Derecho informado por los derechos humanos persigue precisamente atajar la guerra perpetua del estado de naturaleza descrito por Hobbes mediante la tutela de los débiles, como alternativa a la ley del más fuerte que rige o regiría en su ausencia. La protección de los más débiles es la piedra de toque del programa político que subyace a dicho modelo, cuyo principal objetivo reside en la perenne y gradual limitación de lo que Kant denominó, teniendo en mente el paradigma hobbesiano, poderes salvajes. «[M]iramos», escribe Kant en su opúsculo Sobre la Paz Perpetua, «con profundo desprecio el apego de los salvajes a la libertad sin ley, que prefiere la lucha continua a la sumisión a una fuerza legal determinable por ellos mismos, prefiriendo esa actuación a la hermosa libertad de los seres racionales». El prejuicio eurocéntrico inscrito en esta reflexión debe ser obviado para, en cambio, concentrarnos en el fondo del concepto propuesto: al margen del Derecho, la libertad adquiere perfiles feroces que dificultan o impiden cualquier tentativa de convivencia racional.

La incapacidad del actual gobierno mexicano para encontrar, dentro de los márgenes de la racionalidad constitucional, una solución pacífica y creativa a los conflictos sociales derivados del tráfico de drogas (como sería la  gradual legalización de su comercio y consumo, algo que ya he sugerido en alguna que otra entrada de este blog) y la delincuencia que origina ha erosionado los cimientos institucionales del Estado de Derecho hasta extremos que hacen peligrar su misma subsistencia en México. Contrariamente a lo que afirman Felipe Calderón y sus corifeos, el Estado de Derecho no se sostiene únicamente a punta de pistola. Las consecuencias de su proyecto político están a la vista, y a la postre deberán rendir cuentas por ellas: tan sólo entre el 5 y el 11 de junio, fueron asesinadas 271 personas en el país. Salvador Hernández Bustamante es un efecto triste y deforme de esta paulatina  constitución de México en un territorio sin ley, donde la máxima aspiración de las autoridades consiste en emular a Chuck Norris, los gamberros ejercen conjuntamente la docencia y la intimidación, y las universidades son uno más entre los espacios sociales abandonados a la barbarie de los poderes salvajes.

lunes, 7 de junio de 2010

El Saldo de los Dos Viajes de Rachel Corrie

A principios del 2003 (esto es, durante la Segunda Intifada), Rachel Corrie, ciudadana estadounidense y activista militante en el International Solidarity Movement (ISM), viajó a la Franja de Gaza, donde intervino en reiteradas ocasiones como escudo humano para evitar que el ejército israelí demoliese viviendas palestinas como parte de su estrategia contrainsurgente. El 16 de marzo de dicho año, Corrie formó parte de un equipo de siete activistas que se enfrentó a un equipo militar de demolición en Rafah, localidad que se encuentra en la frontera de Gaza con Egipto. Un bulldozer blindado finalmente atropelló a la joven y la arrastró a lo largo de varios metros. El conductor argumentó que no la había visto, pese a que portaba un chaleco fluorescente y se colocó, en principio, a quince metros de la máquina mientras sus compañeros alertaban a los operarios sobre su presencia con un megáfono. Corrie murió pocas horas después, en un hospital palestino.

Las autoridades israelíes pidieron disculpas a la embajada de los Estados Unidos. El entonces primer ministro, Ariel Sharon, prometió una investigación transparente del incidente. Sin embargo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos rechazó la petición de requerir al Estado israelí una investigación independiente, de modo que fue el propio ejército que había perpetrado el atentado contra la vida de Corrie quien condujo las correspondientes pesquisas. Evidentemente, la conclusión a la que llegaron las autoridades israelíes fue que los operarios y soldados involucrados en el suceso no tuvieron responsabilidad alguna en la muerte de Corrie, a la que calificaron como meramente accidental.

En marzo pasado, la coalición de organizaciones de derechos humanos pro-palestina Free Gaza Movement bautizó con el nombre de Rachel Corrie uno de los buques de la llamada Flotilla de la Libertad, en los que viajaban 750 tripulantes de unos 50 países diferentes, los cuales pretendían llevar unas 10,000 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, rompiendo así el bloqueo impuesto por Israel al territorio palestino. A bordo del Rachel Corrie viajaban la Nobel de la Paz Mairead Maguire y el ex vicesecretario general de la Organización de Naciones Unidas, Denis Halliday. El 26 de mayo partió desde Irlanda, pero debido a problemas mecánicos, no pudo llegar al punto de encuentro en la fecha acordada: cuando la flotilla fue asaltada por comandos israelíes -incidente en el que fueron brutalmente asesinados nueve activistas que tripulaban el Mavi Marmara- el buque se encontraba navegando a la altura de Malta. Tras reunirse a bordo, los 11 tripulantes, decidieron continuar con el viaje con rumbo a Gaza a pesar de las advertencias de Israel. El Rachel Corrie finalmente fue interceptado y abordado por tropas israelíes en aguas internacionales (donde se permite apostar pero, por lo visto, está prohibido apoyar la causa palestina) a las 12:00 del 5 de junio de 2010, sin que se produjeran otros episodios violentos.

Es alarmante que los comentarios que dejan los amables lectores en las crónicas periodísticas que dan cuenta de estos acontecimientos (quienes siguen este blog, sabrán que continuamente me intereso por tales retazos anónimos y exaltados de la vox populi)  oscilan a menudo entre el antisemitismo y la islamofobia, según el bando que el comentador en cuestión prefiera apoyar. Ninguna de estas posturas es admisible en un espacio público democrático o, cuando menos, medianamente razonable en perspectiva moderna. La discriminación fundada en la forma como las personas rezan o dejan de rezar fue carta corriente en el siglo XVI, pero no debería serlo en el XXI. Hoy en día debería prevalecer el argumento ético adelantado por John Stuart Mill en el célebre On Liberty: «Soy de opinión que otras éticas, distintas de las que se pueden considerar originarias de fuentes exclusivamente cristianas, deben existir al lado de la ética cristiana para producir la regeneración moral de la humanidad; y que el sistema cristiano no es una excepción a la regla de que, en un estado imperfecto del espíritu humano, los intereses de la verdad requieren una diversidad de opiniones» (donde Mill dice cristiana, anote usted, lector o lectora del blog, el calificativo que mejor describa su personal concepción de la virtud).

La actuación del Estado israelí puede -y debe- evaluarse al margen de la religión judía. Aunque Israel haya echado mano en ocasiones de argumentos relacionados con la religión para justificar sus actos (fundamentalmente, al aducir que quien disiente de su política internacional es en el fondo un antisemita), ello no nos autoriza a obrar en los mismos términos si aspiramos a valorar la situación de Oriente Medio conforme a cánones racionales. De hecho, el destino sufrido por Rachel Corrie en sus dos viajes a la franja de Gaza -el primero, íntimo; el segundo, simbólico- requiere una evaluación  secular de las políticas israelíes, que reflejan y proyectan los extremos alcanzados en la persecución del terrorismo auspiciada por diversas potencias occidentales en los últimos años. Quienes pretenden justificar la posición de Israel aducen, por regla general, dos argumentos que ciertamente son ajenos al ámbito religioso (mismos que, curiosamente, afloran también con frecuencia entre quienes respaldan cualquier barbarie en nombre de la lucha antiterrorista): primero, que sus vecinos aspiran a destruirlo desde el momento mismo de su fundación; segundo, que, puesto que se trata de la única democracia en la zona, su defensa es siempre legítima.

Por lo que atañe al primer argumento, cabe preguntar hasta qué punto Israel ha contribuido a alimentar los odios en su contra. Quien realmente pretenda romper del círculo de la violencia, difícilmente puede responder al agravio con agravios aún más brutales. ¿Cuánto tiempo ha ignorado Israel la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fechada el 22 de noviembre de 1967, que ordena la retirada israelí de los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén? ¿Podríamos decir que, al día de hoy, Israel ha dado muestras de estar dispuesto a cumplir con la Resolución 1397 del propio Consejo de Seguridad, que el 12 de marzo de 2002 apoyó la creación de un Estado palestino con fronteras reconocidas y seguras? ¿Cómo conciliar el supuesto compromiso de Israel para convivir en paz con los palestinos con la demolición de viviendas y la construcción de muros?

Por lo que atañe al presunto carácter democrático del Estado de Israel, parece pertinente señalar que la democracia no es enteramente reducible a las elecciones periódicas, así como el Estado de Derecho no se agota en la separación de poderes. No existe democracia ni Estado de Derecho ahí donde se desprecia abiertamente la legalidad internacional y se toleran los asesinatos selectivos, el encarcelamiento sin las garantías del debido proceso, la expulsión arbitraria de poblaciones enteras o la discriminación legal de quienes no profesan la religión judía.

En suma, la cuestión que subyace a la tensa situación en Oriente Medio es la siguiente: ¿está legitimado el crimen perpetrado por un Estado, por muy amenazado que esté o muy democrático que se considere a sí mismo? Para que el saldo de sangre dejado por los dos bienintencionados viajes de Rachel Corrie a Gaza no sea absolutamente inútil, me parece que estamos obligados a responder negativamente a esta pregunta.

lunes, 17 de mayo de 2010

El Odiado «Jefe» Diego

¿Dos entradas en un mismo día? Los acontecimientos recientes justifican esta prolijidad bloguera. El pasado viernes 14 de mayo, Diego Fernández de Cevallos Ramos (mejor conocido como El «Jefe» Diego) desapareció al llegar a «La Cabaña», un rancho de su propiedad situado en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado mexicano de Querétaro. Los hechos fueron conocidos al encontrarse abandonada, dentro de la finca, la camioneta en la que viajaba Fernández de Cevallos. El vehículo fue hallado con la portezuela abierta, trazos de violencia e incluso huellas de sangre.

Abogado y político, Fernández de Cevallos es miembro del Partido Acción Nacional (PAN), bajo cuya bandera se ha desempeñado como diputado federal, senador de la República y candidato a la Presidencia de la República Mexicana en 1994. Prácticamente desde que tengo uso de razón, don Diego ha ocupado un sitio privilegiado en el debate público mexicano. Megalómano, elocuente y poco proclive a tolerar puntos de vista distintos del suyo (esto lo pude constatar personalmente, durante un concurso de oratoria celebrado en la Ciudad de México en el ahora lejano año de 1996), Fernández de Cevallos es un personaje que suscita adherencias instantáneas o antipatías irreconciliables. Aunque, para ser franco, yo ciertamente no me cuento entre sus admiradores, no he podido evitar que me recorriera un escalofrío al leer los comentarios a las notas periodísticas que dan cuenta de su desaparición. Transcribo algunos, para reproducir el ambiente generado por el sujeto en cuestión y su incierto destino.

En Reforma, por ejemplo, podemos leer (aclaro que, un par de horas atrás, encontré unos comentarios aún más folclóricos, pero por lo visto la redacción del periódico cuenta con un moderador que censura rápidamente cualquier exabrupto radical):



YOPI: OJALA SEA EL INICIO DE UNA ESCALADA CONTRA LOS CERDOS QUE NOS GOBIERNAN, GENTE COMO ESA QUE SE ROBAN LO QUE PERTENECE A LOS DEMAS.

José Manuel Rodríguez: Sólo se tiene una certeza: la sangre encontrada seguro que es de un marrano.

El Universal consigna linduras semejantes:


Vico: Un politicucho menos, gracias a Dios empiezan a extinguirse y que mejor que empezaron con uno de los peores, y si el señor esta muerto pues que pena por el infierno por que ya va pa'allá...

JP: Yo no canto victoria hasta ver el cadáver.

fjed73: BIEN POR LOS NARCOS O POR QUIEN HAYA LEVANTADO A DIEGUITO, UN PANISTA MENOS Y UN TRAMPOSO VENDEPATRIAS MENOS, FESTEJO A LOS AUTORES DE ESTA MUESTRA DE JUSTICIA, ESTO NOS DEMUESTRA Q PERRO Q LADRA NO MUERDE, ESPEREMOS QUE VICENTE Y FELIPE SE REUNAN CONTIGO PRONTO.

soysupadre: por fin en este país pusieron a alguien en su lugar¡¡¡... solo está cosechando una larga milpita de enemigos de todooos los niveles.


Así podríamos seguir, colmando páginas y páginas enteras con rabiosas invectivas y amargas maldiciones. ¿Vox populi, vox Dei? No sólo no me atrevería a afirmarlo sino que, por esta ocasión, quisiera distanciarme claramente del clamor popular  aunque, hasta cierto punto, comprendo la indignación acumulada contra Fernández de Cevallos. En la fragilidad de su situación actual, el «Jefe» Diego simboliza la caída de la clase política en la incertidumbre de la vida en México. Hoy como nunca, José Alfredo Jiménez ha cobrado una estremecedora actualidad: todo parece indicar que, en México, la vida no vale nada para todos por igual...
Imagino que quienes se regocijan con la misteriosa desaparición de Fernández de Cevallos piensan que, finalmente, la violencia ha igualado a todos los mexicanos, incluyendo a quienes se encuentran parapetados en la oligarquía. Entre los abusos de poder, la corrupción, el racismo y la miseria circundante, el secuestro del «Jefe» Diego puede parecer el principio de una justicia largamente postergada. Sin embargo, no es así: la verdadera justicia debe administrarse en los tribunales, bajo la estricta observación de los principios del debido proceso. Quien acepta lo contrario, renuncia a la razón moderna encarnada en las formas democráticas y el Estado de Derecho, para abrazar en cambio la primitiva solución de la venganza privada, bajo la cual irremediablemente impera la ley del más fuerte. Al repeler los cobardes dicterios lanzados contra Fernández de Cevallos, entonces, no pretendo excusar al oligarca, sino reivindicar las vías pacíficas del Derecho como instrumento para la solución de conflictos sociales: una responsabilidad que me interesa como ciudadano porque las diferencias políticas no deberían resolverse en cínicos regodeos sobre la desgracia del contrincante, sino en el debate razonado, libre y abierto.
El espacio público democrático exige un mínimo respeto hacia quienes no comparten nuestros puntos de vista sobre la política y la sociedad. Esto lo entendió bien Voltaire, quien frecuentemente singularizó su correspondencia con una expresión que no ha perdido en absoluto su vigor revolucionario: «Écrasez l'infâme!» (¡Aplastad la infamia!). Con estas tres palabras, Voltaire denunció reiteradamente los abusos cometidos por la aristocracia y el alto clero en contra de los sectores más humildes de la sociedad francesa de su época. Sin embargo, Voltaire jamás obró en forma infamante contra la infamia misma. La justicia no tolera la mezquindad ni la cobardía: creo que lo menos que debemos a Diego Fernández de Cevallos es considerarle bajo este espíritu volteriano, y desearle que vuelva pronto, sano y salvo, al lado de las personas que le aman.

El Presidente Cansino

Este fin de semana una palabra me ha rondado la cabeza. Cansino. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, cansino es aquel «hombre» o «animal» que «tiene su capacidad de trabajo disminuida por el cansancio», o que «por la lentitud y pesadez de los movimientos revela cansancio». Asimismo, dicha voz puede emplearse como adjetivo para calificar a un individuo «cansado, pesado». La imagen del presidente mexicano, Felipe Calderón, en la pantalla de mi televisor me provoca irremediablemente un profundo cansancio. No cabe duda alguna: Calderón se ha transformado en el símbolo vivo del individuo cansino al repetir ad nauseam, en cuanto tiene un micrófono ante él, las supuestas bondades de su estrategia contra las drogas.

El pasado 10 de mayo, la administración estadounidense presidida por Barack Obama presentó (¡por fin!) una estrategia para el control de las drogas que, en vez de centrarse en la persecución policiaca del tráfico, ha puesto el acento en la atención médica sobre las adicciones. Dicho en otros términos, el nuevo enfoque estadounidense sobre la cuestión de las drogas está focalizado en la salud, no en la seguridad pública. Este giro en la percepción pública del fenómeno no es en absoluto improvisado, sino que responde a una progresiva concienciación sobre el fracaso de las políticas prohibicionistas. De hecho, California podría convertirse en noviembre en el primer estado de los Estados Unidos en legalizar la venta y posesión de la marihuana. Los activistas a favor de la legalización esperan que, de ser positivo el resultado, sea la vanguardia de un movimiento nacional. A la fecha, catorce estados ya la han legalizado para uso medicinal, pero sólo California tiene dispensadores y promueve la venta.

Ajeno a este cambio de orientación en las ideologías penales relativas al tráfico y consumo de drogas (que no se circunscribe a los Estados Unidos, sino que alcanza también a la Unión Europea), Calderón insiste en emular a John Wayne a costa de las vidas ajenas. En una entrevista concedida al diario español El País el día 14 de mayo, el presidente cansino apuntaba con relación a su particular guerra contra el narcotráfico lo siguiente:

P. ¿Cómo explica que, a pesar de la guerra contra el crimen organizado, el narcotráfico siga teniendo tanta fuerza?

R. Si hubiéramos enfrentado antes a las mafias, cuando el problema empezó a surgir, ya lo habríamos resuelto. Pero se le dejó crecer con un falso concepto de tolerancia, de arreglos implícitos -como algunos asesores del presidente Vicente Fox han sugerido- y precisamente por abrirles la puerta y dejarlos entrar a diversas zonas y territorios del país se apoderaron de buena parte de su estructura social, e incluso institucional. Además, desde que en 2004 desaparece en EE UU la prohibición de venta de armas de asalto, creció de manera muy importante el poder bélico de los carteles. Lo cual lleva a mayor poder de confrontación con otros carteles y con las autoridades. Nosotros hemos decomisado en tres años algo así como 75.000 armas, de los cuales más de 40.000 son rifles de asalto, unas 5.000 granadas, ocho millones de cartuchos, lanzamisiles, un arsenal capaz de armar a un Ejército.

P. Cuando inició su guerra contra el crimen, ¿sospechaba que tenía tanto poder?

R. No había una idea precisa de las dimensiones, pero sí había una certeza de la peligrosidad y de la imperiosa necesidad de cortar esa ola expansiva. El cáncer estaba ahí y, a medida que lo hemos enfrentado, hemos visto la dimensión que tiene. Ese proceso se vio en otros países, sólo que en Colombia se llevó muchísimo tiempo e igualmente generó una gran cantidad de muertos. Pero no se puede medir el éxito o el fracaso por el sólo número de muertes. El número de muertes lo que refleja es la intensidad del problema.

P. ¿Y hay una fecha para terminar esta guerra?

R. Para mí va a ser una batalla muy larga y muy cruenta. Va a implicar mucho tiempo, mucho dinero y, por desgracia, va a implicar, muchas vidas humanas. Pero es una batalla que hay que librar y que unidos vamos a ganar.
Caray. Una batalla muy larga y muy cruenta. Palabras dignas de escucharse en labios de Gandalf, el bravo hechicero de The Lord of the Rings, para referirse a Sauron (el Señor Oscuro que habita en Mordor) y sus secuaces. Pero México no es la Tierra Media, ni el presidente cansino tiene la sabiduría de Gandalf el Gris (ulteriormente conocido como el Blanco). Una vez más, Calderón parece haber olvidado un principio fundamental de legitimación de los órdenes jurídicos liberales: a su interior, el Estado de Derecho no conoce enemigos, sino ciudadanos. Algunos obedecen las leyes, otros optan por infringirlas. En este segundo caso, a la violencia del delito debe oponerse la fuerza del Derecho. Conferir a los delincuentes la calidad de enemigos en una guerra los coloca al mismo nivel que el Estado y, por supuesto, el Derecho que éste debe salvaguardar. La fuerza no hace derecho, habremos de repetir con J. J. Rousseau: la legitimidad del Estado mexicano no reside en las bayonetas de los soldados, sino en la razón que las formas democráticas y los derechos humanos confieren (o, mejor dicho, deberían conferir) a sus instituciones. El poder de las bandas de ladrones reside en las pistolas que enarbolan: es una pena que el Estado mexicano, en vez de destinar sus esfuerzos a promover la salud de sus ciudadanos y disuadir del consumo de drogas mediante la educación, haya optado por la legitimación fácil del forajido, entre el hierro y la pólvora.

Una avispa busca en vano una vía de acceso a mi habitación. Una y otra vez choca contra el cristal cerrado de mi ventana. A las espaldas del infeliz insecto, la soleada mañana se extiende en infinidad de colores y embriagadores aromas. Yo pienso en México y su presidente cansino, y una abrumadora tristeza me invade...

lunes, 26 de abril de 2010

Las Drogas, la Ley y John Stuart Mill

Primero fue Joaquín Sabina, después Vicente Fox. La diferencia en la influencia y el prestigio social alcanzados por uno y otro personaje es abismal: de un lado, un músico con vena humorística y [p]olítica (nótese que utilizo una "p" minúscula... muy minúscula); del otro, el ex presidente de México, artífice de la abortada transición democrática mexicana. Por supuesto, a pesar de los pesares la balanza se inclina claramente en pro del primero de ellos (¿cómo tomarse en serio a Fox, vistos los numerosos happenings que le han constituido en un pierrot* involuntario?)... pero, al margen de estas consideraciones, tanto Sabina como Fox se han constituido en voceros espontáneos (e insospechados) del liberalismo clásico, a lo John Stuart Mill, en cuanto abogaron por la legalización de las drogas en México como remedio a la normalización de la violencia que actualmente vive el país.

En las entrevistas que concedió con motivo de la reciente gira artística que realizó por México, Sabina predijo que, a la postre, todos los centros de poder habrán de admitir la conveniencia de la legalización de las drogas. En su opinión, «parece mentira» que el presidente Felipe Calderón «no supiera que esa guerra [contra el narcotráfico] no la puede ganar él ni la puede ganar nadie». El cantautor español argumentó que, con la legalización, «no se acaba con las drogas, pero sí se acaba con la corrupción, con las muertes y con los asesinatos, y con la infiltración en el poder».

Pocos días después, Fox apuntó que sería oportuno estudiar la legalización de las drogas en México con miras a una reducción de la ola de violencia criminal que se ha extendido por el país. «El Estado y el gobierno en cualquier país del mundo», adujo el ex mandatario, «lo que tienen que garantizar es la seguridad plena de los ciudadanos, no si se drogan o no se drogan, sino la seguridad para que puedan salir a la calle, puedan estudiar, puedan divertirse y puedan regresar sanos y salvos a casa». Según Fox, la legalización «parece un camino que puede ser rápido, eficiente, para el tema de la violencia, y para el tema de la salud pública en función del consumo de drogas».

Fox y Sabina no son los primeros en plantear la legalización de las drogas como una de las mejores vías para atajar la violencia generada por el narcotráfico tanto en México como en América Latina entera. Cabe recordar que, en los primeros días del mes de febrero de 2009,  Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria (ex mandatarios, respectivamente, de México, Brasil y Colombia) sostuvieron en cierto informe suscrito por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (significativamente titulado Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma) que políticas prohibicionistas tales como la represión de la producción, la interdicción al tráfico y a la distribución y la criminalización del consumo no han rendido los frutos esperados, o incluso han resultado contraproducentes. El informe asentó que a lo largo de las últimas décadas el crimen organizado derivado del narcotráfico ha infiltrado las instituciones, lo cual se refleja en un crecimiento «inaceptable» de la violencia y en la «corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden». Frente a este panorama, pidió abrir a debate estrategias alternas y, sobre todo, reconocer el fracaso del «modelo actual de política de represión de las drogas», mismo que «está firmemente arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas». Sobre esta base, la Comisión propuso tratar el consumo de drogas como cuestión de salud pública, reducir el consumo con información, y focalizar la represión exclusivamente sobre el crimen organizado (por cierto, quien desee acceder al informe completo, puede hacerlo en este enlace).

Aunque estos y similares señalamientos pueden encontrar una razonable acogida en círculos académicos, lo cierto es que la vox populi no les profesa simpatía alguna. Demasiados años se han fortalecido los prejuicios sobre el tema (¿cómo olvidar, por ejemplo, al abominable y desalmado marihuano de Nosotros los Pobres?) como para socavar su base ideológica con unas pocas declaraciones, un informe o alguna que otra propuesta de campaña formulada por partidos políticos minoritarios.  Bástenos echar un vistazo a los comentarios que aderezan las notas periodísticas online con las que El Universal ha cubierto las referidas propuestas de legalización de las drogas, para hacernos con una idea sobre la magnitud del problema. RMONTERO 77, por ejemplo, asegura que Sabina es solamente «otro consumidor de drogas más» que no comprende que en México «nos rifamos el físico contra el narco». En términos similares, Rockandrolla le invita a «seguir enviciándose [sic] en su país». El encantador socarron2 apunta que a Vicente Fox «no le duele ver a la juventud estúpida [sic] por la droga», toda vez que «no pudo tener hijos», y «los que tiene son adoptados». Finalmente, pese a que el informe de la  Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia aparentemente tuvo una mejor recepción entre los lectores de El Universal, también hubo quien manifestara (como lo hizo cramtoro) que la legalización de las drogas equivale a «legalizar el asesinato». 

Alguna respuesta merecen tantos y tan variados defensores de la salud pública por vía de la coerción. Tal como apunté al comienzo de estas líneas, las propuestas de legalización del tráfico, distribución y consumo de drogas se inscriben dentro de la mejor tradición  del liberalismo. La parábola del puente con la que el liberal inglés John Stuart Mill (1806-1873) ilustra los límites de la intervención del Estado sobre las decisiones y actos de los individuos conserva al día de hoy plena vigencia. «Si un funcionario público o cualquier otra persona», anota Mill, «viera que alguien intenta atravesar un puente declarado inseguro, y no tuviera tiempo de advertirle el peligro, podría cogerlo y hacerle retroceder sin atentar por esto contra su libertad, puesto que la libertad consiste en hacer lo que uno desee, y no desearía caer en el río». Sin embargo, Mill reconoce igualmente que «nadie más que la persona interesada puede juzgar de la suficiencia de los motivos que pueden impulsarla a correr el riesgo», de modo que el individuo que deseara cruzar el puente «debe tan sólo ser advertido del peligro, sin impedir por la fuerza que se exponga a él» (On Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 106-107). Imaginemos, entonces, que el consumo de drogas es el puente inseguro al que alude Mill. La función del Estado (en el ejemplo anterior, representado por el funcionario público que advierte al transeúnte sobre las condiciones del puente) consiste, siempre que nos tomemos en serio la salvaguarda de la libertad personal, en informar a sus ciudadanos y ciudadanas sobre los riesgos que el consumo de drogas implica para su salud, pero no en constreñirlos a evitarlos.

Puesto que ya veo venir a algún émulo de Helen Lovejoy mirándome con los ojos desorbitados y exigiendo a gritos, mientras levanta los brazos al cielo, que alguien piense en los niños, aclaro que las propuestas de legalización se encuentran enfocadas a adultos que, supuestamente, son responsables del rumbo que decidan imprimir a sus vidas. Los menores de edad (al igual que sucede hoy en día con otras drogas, como el alcohol o el tabaco) no están incluidos en el supuesto de autorización del consumo. Sobre tal presupuesto, cabe suscribir con relación a las drogas en general cuanto Mill apuntaba con relación a la ingestión de cervezas y licores:






«[...] la limitación en el número de expendidurías de cerveza y licores, para hacer su acceso más difícil y disminuir las ocasiones de tentación [...] sólo conviene a un estado social en el que las clases trabajadoras sean abiertamente tratadas como niños o salvajes, y colocadas bajo una educación restrictiva que las capacite para que, en el futuro, sean admitidas a los privilegios de la libertad. No es éste el principio según el cual se profesa gobernar a las clases trabajadoras en los países libres; y nadie que conceda el debido valor a la libertad prestará su adhesión a que sean así gobernadas [...]» (On Liberty, pp. 112-113).

En el espíritu de John Stuart Mill, cabría recordar al presidente Calderón y su séquito de cruzados contra el narcotráfico que, puesto que cada adulto es libre y soberano para disponer de su cuerpo, el Estado carece de legitimidad para prohibirles el acceso a las drogas con el pretexto de proteger su salud. El Estado está legitimado para intervenir contra la voluntad de sus ciudadanos o ciudadanas en edad adulta con miras a evitar que perjudiquen a los demás, pero no para asegurarse de que lleven una vida sana y virtuosa. Así, es razonable, por ejemplo, la sanción penal del homicidio, pero no la del consumo de estupefacientes. Cada cual es responsable de su propio perfeccionamiento o degradación: si otorgamos al poder público la potestad para conducir las vidas de quienes consumen drogas, corremos el riesgo de perder el control sobre las nuestras. La libertad en una república debe ser igual para todos, o nadie disfrutará de ella en realidad.

A un enorme costo en vidas, el gobierno de México ha optado por usurpar la libertad de la vida privada con el fin de instruir a los mexicanos y las mexicanas sobre la inconveniencia del consumo de drogas. El derramamiento de sangre ocasionado hasta ahora por el combate al narcotráfico no sólo ha sido inútil, sino que carece de justificación legítima. Quizás ha llegado el momento de obrar sensatamente, y comenzar a prestar atención en esta materia a la añeja llamada de John Stuart Mill, recientemente resucitada por los más insólitos y dispares voceros que uno pueda imaginar.



* En el repertorio de la Commedia dell'Arte, Pierrot es un payaso triste ataviado con un vestido blanco y amplio, sobre el cual destacan botones negros. Eterno enamorado de Columbina, Pierrot fracasa perennemente en sus empeños románticos debido a los constantes titubeos con los que emprende el cortejo de la dama en cuestión.

martes, 13 de abril de 2010

Cinco Preguntas Abiertas a los Guionistas de Series Televisivas Policiales

¿Acaso toda posibilidad narrativa se agota en la dialéctica entre crimen y policía? ¿Será cierto que los mejores policías están dotados con un olfato que les permite distinguir inequívocamente a los culpables? ¿Por qué los jueces y los abogados defensores resultan tan frecuentemente antipáticos e imbéciles? ¿Cómo es que, a final de cuentas (aunque sean precisos diez o más capítulos para conseguirlo), los buenos policías siempre triunfan? ¿Por qué una sociedad libre debe idolatrar a las fuerzas del orden público?

viernes, 2 de abril de 2010

Crónicas Kafkianas: Paulette y la Pericia Policiaca

Originalmente, pensaba dedicar la nota de esta mañana al aniversario del natalicio de Hans Christian Andersen y la Semana Santa, pero El Patito Feo y las saetas (o las torrijas, según el fervor con que se mire el asunto) tendrán que esperar algunos días, en vista de asuntos más urgentes que han capturado mi atención. La nota roja o crónica de sucesos (expresiones sinónimas, cuya pertinencia depende del lado del Atlántico en que nos ubiquemos) trasciende fronteras, y el día de ayer llegaron hasta los titulares de los telediarios españoles los sórdidos detalles de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah. Si el destino de Paulette no fuera tan inequívocamente desolador (por su edad y sus discapacidades lingüísticas y motrices, que acentúan su condición de vulnerabilidad), la historia de su absurda muerte tendría auténticos tintes de farsa. Incluso sirviéndonos exclusivamente de la información provista por la prensa en torno al caso, la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México ilustra inmejorablemente la inefable perspicacia de la policía mexicana. En un principio, las declaraciones de Lisette Farah (madre de Paulette) a los medios fueron las siguientes (para quien tenga ánimos y tiempo de leer la nota entera, he aquí  el vínculo correspondiente):

«El fin de semana, mi esposo (Mauricio Gebara) y mis dos hijas estuvieron en Valle de Bravo, yo había salido de viaje con una amiga y ya había regresado cuando ellos llegaron. Metí a Paulette, de 4 años, y a su hermana mayor a la casa y las cambié, arropé y les di la bendición para que se durmieran y después estuve platicando con mi esposo hasta que nos dormimos, y al siguiente día la más pequeña no estaba en su cuarto. En la mañana, la nana entra a su cuarto y no la ve en su cama para cambiarla y llevarla al kinder, y supone que estaba con su papá o que lo había seguido; sin embargo, ella encuentra a mi esposo en la cocina y le pregunta por la niña, sin saber de ella tampoco. Es cuando comenzamos a buscarla por toda la casa, afuera de ella, en el lobby, en la alberca, temiendo que hubiese caído a ella y haberse ahogado, pero que no fue así y es cuando nos alarmamos más porque no estaba».

De modo que la habitación es el último lugar donde Paulette fue vista, según el testimonio de quienes denunciaron su desaparición. No soy un experto en pesquisas policiales, pero no puedo evitar formularme las siguientes preguntas: ¿Cómo es posible que ningún policía haya tenido la idea de revisar debajo de la cama, donde finalmente fue hallado el cuerpo de la niña? ¿Acaso no es la cara oculta del colchón el escondite doméstico por excelencia (¡la fatídica caja de ahorro de los abuelos y las abuelas, tan a mano de los ladrones!)? ¿Qué clase de peritos policiales descubren un cadáver, tras haber inspeccionado y fotografiado reiteradamente un sitio, sólo cuando sus narices comienzan a sentirse ofendidas por el pestazo de la putrefacción?

La tragicómica participación de las autoridades bajo la dirección de Alberto Bazbaz en estos eventos viene rematada por la acusación contra Lisette Farah. Si Farah es responsable o no de los hechos que se le imputan, es algo que corresponde resolver a los jueces que conozcan este caso. Sin embargo, válidamente podemos apuntar que resulta perverso que la Procuraduría le exponga ante la opinión pública como culpable, basada únicamente en dictámenes psicológicos que han calificado a Farah como «audaz, astuta, fría» y «siempre [...] distante en la parte afectiva», a raíz de lo cual le ha sido diagnosticado un trastorno de personalidad (condición difundida a lo largo y ancho del mundo, porque el noticiero español repitió línea por línea las apreciaciones de los fiscales mexicanos). O sea, que Farah tiene una pinta de c*****a digna de hospital psiquiátrico. Basta con este perfilamiento para que el público se manifieste como lo hace el último comentador de la nota en la edición digital del diario Reforma que da cuenta de los referidos dictámenes psicológicos, quien bajo el elocuente sobrenombre de "Inquisidor", literalmente, propone: «Maldita vieja... ¡quemémosla en el Zócalo!»

¿Acaso no es esta una forma anticipada de resolver en un sentido determinado un juicio que no ha sido siquiera iniciado? ¿No está utilizando la Procuraduría a los medios de comunicación para predeterminar la culpabilidad de Lisette Farah? ¡Quemémosla en el Zócalo!, exige el Inquisidor porque los psicólogos han establecido que el alma de Farah se parecía a su (presunto) crimen, incluso antes de (presuntamente) haberlo cometido. Los paréntesis son totalmente intencionados: la valoración psicológica ha destruido la presunción de su inocencia que debe informar todo proceso penal, y ha estatuido en su lugar la certeza de una culpabilidad irrebatible, porque proviene del fuero interno y viene sancionada por el prestigio de la "pericia científica" . Así, si llega el momento del juicio, Farah habrá de enfrentarse a un dilema análogo a aquel que determinó la suerte de Sócrates ante el tribunal de jueces heliastos que lo condenó a beber la cicuta:
 
«Todos aquellos que, excitados por la envidia y valiéndose de la calumnia, os han persuadido [de mi culpabilidad] y aquéllos a los que, persuadidos ya, persuadieron luego a los demás, son más difíciles de asir: pues no me es posible hacerlos comparecer ni rebatir aquí a ninguno, sino que vengo a combatir con sombras, a la ventura; tengo que refutar a gentes que no responden»
 
Defender los derechos de Farah en el marco del proceso penal (como es el caso de la presunción de inocencia) no es una cuestión de simpatías o antipatías personales, sino que resulta necesario siempre que aspiremos a que, a la postre, también sean respetados los nuestros cuando nos enfrentemos al engranaje del Estado y, más aún, de un Estado tan estremecedoramente kafkiano como lo es el mexicano. Después de todo, ¿quién tiene la osadía de rendirse incondicionalmente ante una evaluación psicológica auspiciada por la misma dependencia pública que sólo pudo constatar la muerte de Paulette cuando percibió los primeros efluvios de la descomposición de su cadáver?