El pasado jueves 10 de junio, Ixtli Martínez, corresponsal en Oaxaca del noticiero radiofónico MVS (cuya primera edición conduce Carmen Aristegui) fue agredida con un arma de fuego al cubrir un enfrentamiento estudiantil en la escuela de derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), misma que había permanecido ocupada a lo largo de tres semanas por un conjunto de estudiantes que exigía una revisión del plan de estudios. El día apuntado, otro grupo, aparentemente armado, intentó recuperar las instalaciones por la fuerza. Pese a que a la hora en que llegaron los reporteros de MVS al lugar de los hechos el choque entre ambos bandos había pasado su punto más álgido, Martínez se encontró cara a cara con un rufián que, a punto de disparar, se arrepintió de matarla cuando sus miradas se cruzaron. El sujeto bajó entonces el arma, apuntó a la pierna, y la hirió de gravedad en el fémur. El nombre del agresor es Salvador Hernández Bustamente (alias «El Taquero»), quien ya ha sido detenido e identificado como profesor de la aludida escuela de derecho.
Con la que está cayendo en el mundo entero, este suceso parece un mero entremés anecdótico digno de comentarse en la sobremesa y olvidarse después (con la evidente excepción de Ixtli Martínez y sus allegados, que sin duda recordarán aquella mañana durante el resto de sus días). Sin embargo, el hecho de que un profesor universitario (los periódicos mexicanos, en su habitual ignorancia del funcionamiento de la meritocracia docente, le llaman catedrático) se desenvuelva como un porro (o macarra, diríamos en España) empistolado en el campus donde desempeña sus funciones revela en forma particularmente preocupante la descomposición del tejido social en México.
El problema de seguridad ciudadana en México atañe a la articulación entre el poder y el Derecho. El poder, según le definió Thomas Hobbes, consiste en los medios presentes que posee una persona para obtener algún bien manifiesto futuro. A raíz de este carácter abierto hacia el porvenir, el poder es «creciente a medida que avanza; o como el movimiento de los cuerpos pesados, que cuanto más progresan tanto más rápidamente lo hacen» (Leviathan, Parte I, Capítulo X). No debe extrañarnos entonces que en el estado de naturaleza hobbesiano, ante la ausencia de un Derecho que imponga límites a los poderes de toda índole, prive una situación de guerra perpetua. Bellum omnium contra omnes, así describe Hobbes al estado de naturaleza, pre-político y pre-jurídico: no sólo una guerra, sino una guerra de todos contra todos (De Cive, Prefacio). Y no le falta razón. A diferencia de los poderes jurídicos constitucionalmente regulados, los poderes antijurídicos y extrajurídicos siempre han sido y serán tendencialmente absolutos.
El modelo de Estado de Derecho informado por los derechos humanos persigue precisamente atajar la guerra perpetua del estado de naturaleza descrito por Hobbes mediante la tutela de los débiles, como alternativa a la ley del más fuerte que rige o regiría en su ausencia. La protección de los más débiles es la piedra de toque del programa político que subyace a dicho modelo, cuyo principal objetivo reside en la perenne y gradual limitación de lo que Kant denominó, teniendo en mente el paradigma hobbesiano, poderes salvajes. «[M]iramos», escribe Kant en su opúsculo Sobre la Paz Perpetua, «con profundo desprecio el apego de los salvajes a la libertad sin ley, que prefiere la lucha continua a la sumisión a una fuerza legal determinable por ellos mismos, prefiriendo esa actuación a la hermosa libertad de los seres racionales». El prejuicio eurocéntrico inscrito en esta reflexión debe ser obviado para, en cambio, concentrarnos en el fondo del concepto propuesto: al margen del Derecho, la libertad adquiere perfiles feroces que dificultan o impiden cualquier tentativa de convivencia racional.
La incapacidad del actual gobierno mexicano para encontrar, dentro de los márgenes de la racionalidad constitucional, una solución pacífica y creativa a los conflictos sociales derivados del tráfico de drogas (como sería la gradual legalización de su comercio y consumo, algo que ya he sugerido en alguna que otra entrada de este blog) y la delincuencia que origina ha erosionado los cimientos institucionales del Estado de Derecho hasta extremos que hacen peligrar su misma subsistencia en México. Contrariamente a lo que afirman Felipe Calderón y sus corifeos, el Estado de Derecho no se sostiene únicamente a punta de pistola. Las consecuencias de su proyecto político están a la vista, y a la postre deberán rendir cuentas por ellas: tan sólo entre el 5 y el 11 de junio, fueron asesinadas 271 personas en el país. Salvador Hernández Bustamante es un efecto triste y deforme de esta paulatina constitución de México en un territorio sin ley, donde la máxima aspiración de las autoridades consiste en emular a Chuck Norris, los gamberros ejercen conjuntamente la docencia y la intimidación, y las universidades son uno más entre los espacios sociales abandonados a la barbarie de los poderes salvajes.
